Aviso legal y política de privacidad | Cookies | Contacto | RSS
22 de Enero de 2013
martes, 22 de enero de 2013
La Junta sigue negando la mayoría de peticiones de Renta de Ciudadanía
Angélica González / Burgos - martes, 22 de enero de 2013
La Junta de Castilla y León sigue rechazando en la provincia de Burgos la mayor parte de las peticiones de Renta Garantizada de Ciudadanía, un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía para atender las necesidades básicas de subsistencia de aquellas personas o familias que no reciben ningún otro tipo de ayuda social. Esta situación, denunciada hace año y medio por el Colegio de Trabajadores Sociales al Procurador del Común, se sigue manteniendo igual en la actualidad para desesperación de estos profesionales que ven como a colectivos que no tienen absolutamente nada se les exigen unos requisitos incumplibles y, por tanto, se quedan sin una ayuda que oscila entre los 426 y los 692 euros en función del número de miembros de la familia.
Según datos de la propia Consejería de Familia, el año pasado hasta el 15 de diciembre se recibieron 1.354 solicitudes y solo se aceptaron 390, un 28,8%. Estos datos, en cualquier caso, mejoran un poco los de 2011, cuando se dio el visto bueno al 26,6% (de un total de 1.752 se aprobaron 466). Y esto, a pesar de que el defensor del pueblo de Castilla y León le instó a que facilitaran los trámites para que la ayuda llegara a más gente.
Porque son las complicaciones burocráticas las que impiden que se puedan cumplir todos los requisitos que se piden a los demandantes de esta ayuda. Los trabajadores sociales de Cáritas explican se encuentran en su día a día con que a personas inmigrantes les piden una documentación que acredite su situación de exclusión social que prácticamente es imposible de conseguir en sus países de origen, dado que el grado de organización administrativa de según qué naciones empobrecidas no tiene que ver con el que hay en España y, en algunos casos, ni existe.
Pero los argumentos de la Consejería cuando explica la no concesión de ayuda no tienen nada que ver con éstos. Según su punto de vista, los que no cumplen los requisitos es «por contar con ingresos, no estar empadronados, no tener escolarizados a sus hijos, no estar inscritos como demandantes de empleo, no firmar el proyecto individualizado de inserción, desistir de continuar el proceso o la imposibilidad de localizarlos en su domicilio».
SIN AVANCES. Ante la denuncia del Colegio de Trabajadores Sociales al Procurador del Común en junio de 2011, esta institución le pidió a la Consejería de Familia que facilitara el acceso a la última red de protección «de la que nadie puede verse privado» pero no se ha conseguido ninguna variación, a pesar de que en marzo del año pasado la directora general de Acción Exterior de la Junta, María de Diego, se mostraba bastante empática con las personas que sufren estos problemas: «El caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía se está estudiando. El problema es que la forma de justificar determinados aspectos es muy difícil en otros países donde no hay sistemas administrativos organizados. Sé que en el Foro Regional de Inmigración se ha planteado y que la solución será complicada pero alguna fórmula habrá que buscar», decía en una entrevista a DB.
Esta ayuda puede solicitarse en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos y tramitarse a través de todos los centros de acción social (CEAS). Los perceptores reciben, de media, una nómina de 540,15 euros mensuales. La cuantía básica de la prestación, según explicaron fuentes de la Junta, es del 80% del IPREM, fijado en 426 euros cuando se trata de una sola persona y que puede verse incrementado hasta el 130%. El Indicador Público de Rentas Múltiples es el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio del paro y que sustituyó en 2004 al Salario Mínimo Interprofesional como referencia.