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17 de Diciembre de 2013
El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley de Bases de Régimen Local) impulsado por el actual gobierno, limita las competencias de los Ayuntamientos y pone en grave riesgo el sistema público de Servicios Sociales de Castilla y León.
Con la excusa de reducir costes al Estado, se comprometió a ahorrar 5.127 millones hasta 2015 en el Programa Nacional de Reformas, y en ese ahorro se incluye eliminar los Servicios Sociales. No hay ni un solo informe técnico, riguroso, que justifique una reforma de tal calado, y más aún, teniendo en cuenta la actual situación de crisis económica y social. Esta nueva medida es una más de las destinadas a pagar la deuda privada de la banca y de las grandes empresas.
La amenaza para los Servicios Sociales municipales afecta a servicios imprescindibles para miles de familias como teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o centros residenciales; también afecta a programas en materia de juventud, igualdad de oportunidades, apoyo a mujeres víctimas de violencia machista, menores en situación de riesgo, inserción laboral de colectivos con dificultades especiales en el mercado de trabajo, etc.
La mayor parte de estos servicios no se privatizarán, sino que simplemente desaparecerán, ya que atender a miles de personas empobrecidas en sus necesidades básicas no es un negocio. Por ello, este anteproyecto de reforma del régimen local no supone un recorte más, sino la desmantelación del sistema de protección social en nuestro país y en nuestra comunidad, lo que conllevará el incremento del sufrimiento de la ciudadanía.
Estamos ante un ataque a los derechos individuales y colectivos que supondrá un retroceso de 30 años en materia de acción social, y que conllevará el retorno a la beneficencia más rancia y a la limosna tranquilizadora de conciencias: pierde la democracia, cada día más acorralada, y pierde la ciudadanía, cada día más desprotegida.
Este gobierno ha desarrollado una fuerte campaña contra los servicios públicos, desprestigiando su funcionamiento y reduciendo su financiación, preparando de esta manera el camino para su privatización en unos casos y su desaparición en otros.
Como Trabajadoras Sociales hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que creen en una sociedad basada en la justicia social, en la que la dignidad esté por encima del principio de estabilidad presupuestaria, para que juntas nos opongamos frontalmente a esta vergüenza.
Por todo lo expuesto, exigimos la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Dos trabajadoras sociales en activo
Carmen Urbina Pérez
Colegiada nº 090325
María Veleda Sotillo
Colegiada nº 090329