Consejo Autonómico del Trabajo Social de Castilla y León

28 de Abril de 2015

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El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Burgos, orientados por los principios y valores del Trabajo Social, por nuestro Código Deontológico nuestra Ética Profesional y por la defensa de los Derechos Sociales de la ciudadanía, presentamos a los diferentes grupos políticos y agrupaciones ciudadanas nuestras propuestas para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.
El Trabajo Social en general, y este Colegio en particular, es plenamente consciente de su responsabilidad para que, junto al conjunto de actores sociales, colectivos ciudadanos y la ciudanía, pueda establecerse un horizonte donde nadie quede excluido, la justicia social no sea un mero concepto y pueda darse una verdadera aplicación de los Derechos Humanos.
Propuestas desde el Trabajo Social para las elecciones 2015:

1. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PÚBLICO DE CALIDAD Y UNIVERSAL.
La existencia de sistemas de Salud, Educación y Servicios Sociales públicos, universales y de calidad, son la mejor garantía para la protección de derechos ciudadanos en el marco de un Estado de Bienestar, centrado en corregir desigualdades estructurales y paliar las de naturaleza coyuntural. Para ello se debe:
• Garantizar una inversión suficiente para el sostenimiento y el desarrollo de unos Servicios Públicos de Salud, Educación, Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia, universales, cercanos y de calidad.

2. SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES QUE GARANTIZAN DERECHOS Y EMPODERAN.
La posibilidad de contar con unos Servicios Sociales centrados en las demandas de cada persona y orientados a atender las necesidades individuales y colectivas desde procesos de empoderamiento y participación, son el mejor instrumento desde una perspectiva profesional para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo personal y comunitario.

El Trabajo Social reconoce como única a cada persona y a cada familia, y desde esta perspectiva, se hace necesario apostar por procesos de intervención cercanos y profesionales, más allá de ser meros gestores de recursos, que empoderen y acompañen a la persona en sus procesos vitales de necesidad. Pero para ello, es necesario:
• Incrementar los recursos humanos y materiales de las y los profesionales del sistema de Servicios Sociales: aumento del ratio de Trabajadoras/es Sociales hasta llegar a 1 por cada 5.000 habitantes en el medio urbano y con factores de corrección para el medio rural atendiendo a las características físicas y sociodemográficas de los territorios, personal auxiliar en los CEAS, equipos específicos, instalaciones, etc.
• Favorecer que las y los profesionales del Trabajo Social puedan desarrollar Proyectos de Intervención Profesionalizada, evitando la sobrecarga de labores meramente administrativas u otras que no aportan el valor añadido de un trabajo especializado como es que el que desarrollan.

Asimismo, desde el Trabajo Social se ve la necesidad de avanzar en los modelos de participación, construcción ciudadana y Desarrollo Comunitario, como herramientas generadoras de bienestar e inclusión social perenne. Para ello, se entiende como necesario:
• Crear espacios para la participación cívica, profesional y colectiva, como pueden ser: Consejos, Comités, Grupos Sectoriales, grupos focales, presupuestos participativos, municipio abierto a propuestas de soluciones ciudadanas, etc.

De igual forma, la creciente desigualdad entre la ciudadanía, así como la desigualdad estructural existente en ciertos colectivos, grupos de población, barrios o zonas de nuestros municipios, provincia y región, exige que se articulen mecanismos y políticas de manera coordinada, participada y con un carácter integral. Para ello se considera necesario:
• Elaborar Planes de Inclusión Social y Ciudadana que integren medidas y actuaciones conducentes a generar igualdad entre la ciudadanía, atacar las causas de la exclusión social y aumentar los niveles de calidad de vida del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.

3. LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y AYUDAS QUE AYUDAN.
La Renta Garantizada de Ciudadanía “orientada a promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social, garantizando en todos los casos la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia de los ciudadanos de Castilla y León” y siendo “la última red de protección”, aún adolece de no pocas dificultades en su tramitación. Así, el Trabajo Social entiende que:
• Deben resolverse las aún importantes deficiencias que existen en su tramitación, ya que si bien es importante garantizar que las prestaciones se concedan conforme a la ley, no lo es menos que cumplan con el fin para la que se generó y que no es otro, que amortiguar la caída en las situaciones de riesgo o de exclusión social. De esta manera, su demora y excesivo celo en la tramitación, hacen que en no pocos casos no llegue o si llega ya sea demasiado tarde para romper con las dinámicas aparejadas a la exclusión.

Asimismo, se ve necesario recuperar prestaciones y subvenciones personales que a lo largo de estos años se han visto reducidas o directamente han desaparecido y que son “ayudas que ayudan” a no caer en la exclusión. Por tanto, entendemos importante:
• Recuperar, aumentar el presupuesto, flexibilizar los requisitos y acortar los plazos de resolución en las ayudas al alquiler, accesibilidad y productos de apoyo, becas de estudios, comedor, natalidad, etc.
• Que las “prestaciones económicas para situaciones de urgente necesidad, urgencia social en situación de deudas hipotecarias y de pago de alquiler” cuenten con dotación suficiente para cubrir las necesidades sociales existentes y sean tramitadas con la suficiente celeridad que de cobertura a la situación de urgencia.

4. COMPROMISO CON LA GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL MEDIO RURAL.
El medio rural, lugar donde reside el 35% de la población de la provincia de Burgos (municipios de menos de 20.000 habitantes, INE 2014), necesita contar con más medios técnicos y humanos que faciliten la permanencia y el desarrollo de proyectos de vida con calidad entre las personas que lo habitan. Para ello, consideramos más urgente:
• la creación de Unidades de Trabajo Social en los Equipos de Atención Primaria de Salud en el medio rural, equiparando la atención de estos servicios a los ubicados en la zona urbana.
• la creación de Equipos de Promoción de la Autonomía Personal (EPAP), tal como existen en las zonas urbanas de la provincia y en el medio rural de provincias limítrofes.
• que el alumnado con necesidades educativas especiales o discapacidad cuenten con todos los apoyos que precisen, así como una oferta educativa adaptada en cada una de las etapas de su vida escolar.

5. LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
El desarrollo de la Ley en esta última legislatura ha estado marcado por los recortes en servicios y prestaciones familiares, así como por un incremento en las aportaciones de la ciudadanía (copago).

Desde la vocación de servicio del Trabajo Social y la cercanía que sus profesionales tienen con las personas en situación de dependencia y sus familias en su día a día, se considera necesario:
• Revisar el sistema de copago sobre los servicios en los casos de personas en situación de dependencia y aumentar los mínimos garantizados para gastos personales, atendiendo a las necesidades y particularidades de cada persona. Para ello, se tendrá en cuenta lo solicitado desde el CERMI en la Iniciativa Legislativa Popular.
• Garantizar ayudas suficientes para la financiación de productos de apoyo, ortoprotésicos, gafas, audífonos, adaptaciones y otros; así como otros tratamientos específicos y necesarios.
• Recuperar la cuantía de las prestaciones familiares y económicas reconocidas originariamente, facilitar la figura del Asistente Personal como apoyo a las personas con discapacidad e incentivar servicios orientados a la inclusión y la participación de las personas en su comunidad; así como una mayor compatibilidad y adaptación de los recursos a las necesidades y demandas de la persona y su familia.

6. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL EN LOS MUNICIPIOS
El derecho a la ciudadanía, a la participación y a la inclusión, es un derecho reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, aún no todas las personas pueden participar en igualdad por las múltiples barreras que aún existen. De esta manera, es justo para todas las personas que:
• Los espacios públicos y de participación, los servicios y los productos dirigidos al conjunto de la ciudadanía garanticen un adecuado nivel de accesibilidad y usabilidad, conforme a los estándares propuestos por la accesibilidad universal y el diseño para todos.
• Exista un Plan Municipal, Provincial o Comarcal, que recoja a través de la participación ciudadana y de las diversas asociaciones, propuestas, medidas, acciones e indicadores, que permitan generar y monitorizar los avances que se generen en materia de accesibilidad.

7. UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOLIDARIO
En un mundo conectado y globalizado, donde las relaciones Norte-Sur se escriben desde la óptica de la desigualdad y la injusticia social, se hace necesario mantener mecanismos que al menos contribuyan a paliar las situaciones de mayor dificultad. De esta manera, entendemos preciso que:
• Se recupere la cuantía en las ayudas al desarrollo de épocas pasadas hasta el 1%, en el caso de que hubiera existido y en los que no, aumentarlo hasta alcanzar dicho porcentaje. Los proyectos a financiar deberán estar alineados con los objetivos fijados por la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

8. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
La Administración, como entidad gestora de los recursos públicos y ciudadanos, tiene la oportunidad, mediante la prestación y contratación de productos y servicios, de generar oportunidades de empleo para las personas que más difícil lo tienen, redistribuir rentas y contribuir a un Desarrollo más sostenible.
Para ello, deberán tenerse en cuenta las mejores prácticas orientadas a la Responsabilidad Social Pública:
• Reserva de contratos en favor de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
• Concierto social para la prestación de servicios con organizaciones sociales y sin ánimo de lucro.
• Introducción de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública.
• Cumplimiento de reserva de puestos de trabajo de personas con discapacidad, así como la inclusión en los mismos de personas con mayores dificultades de empleabilidad (discapacidad intelectual o del desarrollo, parálisis cerebral, enfermedad mental, etc.)
• Compra responsable, verde y de comercio justo.
• Contratación y apoyo al desarrollo de la Banca Ética y Ciudadana.
• Promoción de la Responsabilidad Social entre las empresas y organizaciones.

9. VIVIENDA
Las dramáticas situaciones que derivan de la falta de vivienda y su impronta en la fragilidad social de quienes viven hacinados, sin hogar o en riesgo de perderlo, aconsejan que puedan generarse nuevas respuestas desde lo público. De igual forma, un sector cada vez mayor de la población en situación de precariedad económica, incluso en las veces que existe un empleo, lo tienen imposible para acceder a una vivienda o independizarse de sus mayores. Para ello, se considera necesario que:
• Las Administraciones Locales y Autonómicas desarrollen una política pública y social sobre la vivienda, favoreciendo con ello el disfrute del derecho a un hogar, a través de alquileres sociales y la promoción pública de vivienda.
• Se aumente el parque de viviendas en régimen de alquiler privado, a través del desarrollo de una política que, de manera progresiva, penalice la especulación con la vivienda vacía.



10. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA.
Los recursos y bienes públicos, en base a las diferentes actuaciones que en cada caso se articulen, estarán orientados a la mejora de la calidad de vida ciudadana, el desarrollo sostenible de nuestro entorno y la generación de nuevas oportunidades socioeconómicas. Pero lograr una mayor eficacia y eficiencia exige de una mayor implicación de todos los actores, orientar las actuaciones a resultados y valorar el impacto colectivo logrado.
Para ello, consideramos que:
• Debe favorecerse la participación ciudadana y de colectivos representativos en las fases de ideación y planificación de soluciones a demandas y retos de nuestros municipios, así como en los órganos de seguimiento y evaluación de lo logrado.
• Necesidad de efectuar Memorias de Impacto Social en los proyectos que, desde las diversas áreas de gestión, puedan realizarse a fin de favorecer aquellos que repercutan de manera más positiva en las personas y en su entorno.

11. MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
Pese a los muchos años de sensibilización, puesta en marcha de planes y el despliegue de actuaciones, aún sigue siendo necesario desarrollar acciones específicas para combatir la injustica y la falta de igualdad de oportunidades a la que ha de hacer frente una mujer por el hecho de serlo. De igual manera, la lacra que supone la violencia de género, el importante número de mujeres que la sufren y unas nuevas generaciones que no están rompiendo prácticas negativas anteriores, exige que:
• Se desarrollen campañas de sensibilización, concienciación y formación profesional y ciudadana. Así como el impulso al desarrollo de Planes de Igualdad y de Prevención de la Violencia, y de Protocolos de detección y atención en diversos contextos (escolar, laboral, comunitario, etc.)

12. DIVERSIDAD Y SENSIBILIZACIÓN.
El reconocimiento a la diversidad y la riqueza que ésta supone, así como el valor que aporta lo diferente en el seno de una comunidad, en especial entre quienes hacemos y somos Burgos, su provincia o nuestra región, exige que al menos se desarrollen iniciativas que permitan que nadie pueda sentirse ni sea excluido. Para ello, proponemos que:
• Se desarrollen campañas de sensibilización y concienciación que permitan dar visibilidad a las personas pertenecientes a colectivos minoritarios, ya sea por su origen étnico o racial, diversidad funcional, orientación sexual, edad, creencia, ideología o religión.
• Se apoyen prácticas, actuaciones y estudios dirigidos a la lucha contra la discriminación.

13. ASOCIACIONISMO Y SERVICIOS CIUDADANOS
El capital social de un municipio es uno de sus mayores bienes, ya que no sólo es sinónimo de participación e implicación ciudadana, sino que viene a ser el mejor termómetro para una justa valoración sobre el desarrollo democrático y social del mismo. Pero este tejido social precisa de apoyos que lo favorezcan y alimenten, así desde el Trabajo Social se considera importante:

• Mantener y aumentar las ayudas al movimiento asociativo y a quienes prestan servicios ciudadanos, a través de ayudas, subvenciones, cesión de espacios y de recursos municipales, provinciales y autonómicos.
• Promover y apoyar el trabajo en red de las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, como mejor garantía para que la suma de sinergias genere un mayor impacto en las personas, barrios y municipios, a través de las actuaciones coordinadas y en cooperación.


Asimismo, desde nuestra óptica profesional, entendemos que tanto la futura implementación de éstas, como de otras propuestas que a buen seguro serán formuladas desde los partidos políticos, los movimientos sociales, grupos profesionales y otras organizaciones ciudadanas, tendrán sentido en la medida que sean respuesta colectiva a un diagnóstico certero de la realidad social existente.

Pero para ello, es importante avanzar hacia la creación de un conocimiento compartido, de base cuantitativo y cualitativo, que ayude a elaborar los mejores diagnósticos para cada grupo poblacional, situación o momento y que habrá de permitir que lo planificado sea hecho bajo criterios de máxima racionalidad, eficacia y eficiencia; al tiempo que sea respuesta directa a las necesidades reales y sentidas del conjunto de quienes hacemos y nos sentimos barrio, pueblo, ciudad, provincia o región.




Burgos, abril 2015