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9 de Junio de 2015
Desde el Grupo de Trabajo del Observatorio de Derechos Sociales queremos trasladar nuestra preocupación, inquietud y malestar ante la información relativa a la implantación del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas (FEAD 2014-2020), y deseamos exponer las siguientes consideraciones:
1) El F.E.A.D. se configura, de manera principal, como un programa de reparto de alimentos que, si bien puede ser adecuado en situaciones de emergencia, refuerza las políticas sociales de carácter benéfico y caritativo frente a otras de carácter preventivo, promocional y de reconocimiento de derechos sociales.
2) La respuesta del Consejo General de Trabajo Social se ha dirigido a solicitar del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una mejora de la posición técnica de la profesión en la gestión público-privada del Fondo, respecto al informe social, las llamadas “profesiones asimiladas” y las medidas de acompañamiento y refuerzo de las estructuras de los servicios sociales municipales. De esta forma, se ha focalizado la atención en reforzar nuestra competencia, capacidad y protagonismo en la red de servicios sociales.
3) Si bien en la nota de prensa del Consejo General se recoge, en la parte final, una mención de rechazo a las políticas sociales asistencialistas, lamentamos que no haya sido ésta la principal idea-fuerza en la posición pública del Consejo. Entendemos que este tipo de programas obedecen a un profundo cambio en la concepción de los servicios sociales, que se integra dentro de una lógica que pervierte y vacía de contenido los derechos sociales, y afianza el proceso de desmantelamiento e involución social en el que estamos inmersos.
4) Más allá de la justificación argumental de que serán los trabajadores y trabajadoras sociales quienes mejor garantizarán un reparto justo y equitativo, o la responsabilidad máxima de la administración pública en una adecuada gestión del Fondo, nuestro mayor temor es que nos dejemos arrastrar por estas dinámicas de legitimación de la pobreza y la exclusión, así como de marginación y culpabilización de las personas y familias más afectadas por la crisis.
5) Las desigualdades sociales son consecuencia de políticas económicas injustas que generan dependencia en las personas y refuerzan la beneficiencia. El reparto de alimentos no promociona a las personas, solo las somete, las debilita en su autoestima y capacidad de resolución, genera desesperanza, frustración, culpa e inutilidad. Además, implica un esfuerzo ingente en recursos humanos, de impacto limitado, con efecto amortiguador en la conciencia de ciertos sectores sociales, pero que mantiene y perpetúa la situación de pobreza, ya que no modifica las causas que la generan.
6) Compartimos el argumento de la presidenta del Consejo General, Ana Lima1, por el que reclama que la cuantía del Fondo “… debería haber sido integrada en esa Red
pública de servicios sociales donde se puede garantizar una atención integral en cuanto a prestaciones y ayudas coyunturales para hacer frente a la crisis…”. Y desde esta perspectiva de impulso y reconocimiento de los Servicios Sociales, apoyamos las líneas de trabajo desarrolladas por diferentes organizaciones y colectivos sociales en la mejora de las rentas mínimas, la propuesta de la renta básica universal, o el trabajo
garantizado.
7) Desde los objetivos de los Derechos Humanos y de Justicia social, así como los principios que rigen la actuación profesional contemplados en el Código deontológico, consideramos necesario y urgente definir, en el ámbito de la organización colegial, una apuesta decidida por una garantía de ingresos personales y/o familiares destinada a satisfacer las necesidades básicas, con vocación universal y que aseguren la dignidad de las personas, especialmente aquellas que están sufriendo de manera más acusada la crisis económica y quiebra del estado de bienestar.