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28 de Febrero de 2012
El Consejo General del Trabajo Social, con la presencia de Ana I. Lima, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentada ante la prensa y el Congreso de los Diputados.
Conscientes de la gravísima situación en la que están miles de familias españolas por causa de la crisis económica, se ha hecho pública la profunda preocupación de los profesionales de los Servicios Sociales ante el riesgo de pérdida de la cohesión social en la que se encuentra España. Los Servicios Sociales pueden y deben ser un agente directamente involucrado en el análisis y desarrollo de soluciones de protección ante el sobreendeudamiento de los/as ciudadanos/as y sus familias.
En el acto que ha tenido lugar en la sede de la Organización Médica Colegial se ha presentado el documento Propuesta de Protección de las Personas y Familias en Situación de Quiebra Económica elaborado por la Asociación y que refleja la situación actual de muchos/as ciudadanos/as españoles/as, impidiéndoles su reincorporación con normalidad a la vida social y económica. Los representantes de la Asociación han incidido en la urgencia de adoptar medidas de tratamiento de la insolvencia de particulares en la línea de todos los demás países de nuestro entorno y la propuesta de la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares, deudoras de buena fe y en claro riesgo de exclusión económica y social, que suponga el tratamiento de su insolvencia junto a la activación de todos los apoyos posibles para su reflotamiento. El tratamiento de la insolvencia se realizaría mediante fórmulas de mediación jurídicamente consolidadas y/o con la intervención judicial, en último caso.
Ana I. Lima Fernández, la presidenta del Consejo se encargará de coordinar la propuesta con otras profesiones tales como la abogacía o los registradores de la propiedad y cualquier otra implicada dentro de esta iniciativa en el marco de Unión Profesional.
Dicha propuesta ha sido entregada al poder ejecutivo y ante el poder legislativo. La propuesta y los trípticos informativos se presentaron en el Registro del Congreso de los Diputados para su posterior valoración.