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19 de Abril de 2012
Málaga, 19 de abril de 2012 NOTA DE PRENSA
ENCRUCIJADA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ANTE LOS RECORTES DEL GOBIERNO EN LOS PGE
Con casi la mitad de la población española en riesgo de exclusión (inclusión precaria), una tasa de pobreza del 21,8%, una de cada 3 familias con dificultades para llegar a fin de mes (30,6%) y un 3,2% de los hogares españoles sin ningún ingreso, el brutal recorte de los presupuestos dedicados a la protección social más básica (Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y Dependencia), además de mostrar una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias, pone en riesgo la cohesión social y, con ella, la capacidad de nuestra sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar
LOS DATOS: Presupuestos Generales del Estado 2012
Recorte por programas en Servicios Sociales
En total el recorte es de 394.440.000 € un 16% menos que en el 2011
El malabarismo contable de reducir menos porcentaje en los créditos ampliables de la dependencia encubre un recorte generalizado del 28% en el Plan Nacional Sobre Drogas, un 39% en los Servicios Sociales a personas mayores un 19% en discapacidad, un 21% de actuaciones en Violencia de género, un 42% en atención a la infancia y a las familias, un 20% en Igualdad…
En los presupuestos para el año 2011 el peso de la dependencia en el total de los presupuestos para servicios sociales representaba un 59,6. En las cuentas de este año la atención a la dependencia representa un 66,4% y eso habiendo experimentando un recorte. Esto supone que el desmantelamiento de los servicios sociales y servicios a los sectores con tal de salvar la cara y que el recorte en dependencia no sea muy fuerte, que lo es.
Supresión del nivel acordado en el Sistema de Atención a la Dependencia: Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 suprimen la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el art. 10 de la Ley 39/2006. Se trata de 283 millones de euros que se distribuían entre las CCAA con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico.
Fuentes ministeriales han matizado que esta aportación se incorpora al Nivel Mínimo garantizado de financiación. No es más que un malabarismo contable, ya que el nivel mínimo se compone con créditos ampliables en función de los dependientes reconocidos en cada territorio, por lo que el resultado final ineludible es la reducción neta de 283 millones para la atención a la dependencia (equivalente al 15% de la aportación estatal a esta política de gasto si descontamos las aportaciones a la Seguridad Social). En Andalucía un recorte de unos 62 M. de €- para Málaga unos 9 millones € menos. Este recorte tiene tres efectos concatenados:
1.- Incremento directo del déficit autonómico en 283 millones de euros.
2.- Se acentúan aún más las dificultades para que las CCAA atiendan a las 300.000 personas con derecho reconocido y a las que se mantiene en una irritante espera (más que “limbo” es directamente engaño).
3.- Se imposibilitará la atención a nuevos casos con derecho reconocido que se produzcan en adelante, consagrando así el grave retroceso del sistema.
Una cifra así, destinada a los servicios, no solo equivale a atender a 35.000 personas (en Andalucía 9.000 beneficiarios menos, en Málaga 1.300 menos) , sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados (en Andalucía 1.800 puestos de trabajo menos, en Málaga 270 menos) y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros.
Plan concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales. 49.913.840 €. Esta cifra supone un recorte de 36.795.066 del 43% en la aplicación presupuestaria 26.16.231F. 453 00 de 2011, que era de 86.633.150,00 €. En Andalucía un recorte de 8,2 millones de euros y en Málaga 1,2 millones de €.
Y ello en una gravísima situación de crisis que ha producido un aumento del 39% de usuarios de servicios sociales. La frialdad con la que se anuncian esta consecuencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, contrasta con la cruda realidad de las personas y familias en España:
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Es fácil imaginar como nos sentimos los profesionales de los servicios sociales, auténticos sensores y actores de la administración y de las entidades sociales en esta realidad, cuando se nos anuncia una merma tan brutal de nuestros ya menguados recursos, con los que apenas podemos paliar las consecuencias más extremas de estas situaciones causadas por la crisis.
No podemos evitar sentirnos profundamente afectados y obligados a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para evitar esta incalificable injusticia. Porque somos nosotros quienes tendremos que explicar lo inexplicable a los cientos de miles, a los millones de personas que acuden a nosotros, llenos de angustia, como un último recurso que, cada vez menos, podemos ofrecerles.
¿Cómo explicarles que el Estado se olvida de ellos en una situación como la que están sufriendo? ¿Cómo explicarles que esto ocurre mientras a diario pueden leer en la prensa los millonarios sueldos y comisiones de directivos de sectores que tanta responsabilidad han tenido y siguen teniendo en la crisis que causa todo este sufrimiento? ¿Cómo explicarles que mientras ellos viven su drama, sin ayuda del Estado, aumenta el consumo de bienes de lujo?
La consecuencia de esta situación de desbordamiento de las necesidades más básicas de cientos de miles, de millones de personas y familias, y la drástica reducción de las ayudas que pueden esperar por parte de las administraciones públicas, sólo puede desembocar en una grave conflicto que supondrá la quiebra de la cohesión social que tanto ha costado construir en nuestro país, y una seria regresión social de la que costará décadas recuperarse.
No podemos ni queremos tener que explicar lo inexplicable; no queremos ni podemos consentir que los recortes se ceben, con mayor virulencia, en quienes peor lo están pasando con la crisis, en las personas y familias más perjudicadas. Por eso, hacemos un dramático llamamiento al Gobierno del Partido Popular, con la legitimidad y la fuerza que nos da la voz de los cientos y miles de personas angustiadas que recibimos a diario, para que recapacite y de marcha atrás a estos recortes a los servicios sociales, aprovechando el trámite parlamentario; es mucho más que una cuestión política: ES UNA EXIGENCIA HUMANA.
José Manuel Ramírez Navarro, Rafael Arredondo Quijada
Presidente Asociación de Directoras Presidente del Colegio
y Gerentes de Servicios Sociales Profesional de Trabajo
e-mail:directoresoscilaes@hotmail.com Social de Málaga