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20 de Agosto de 2020
El panorama sigue siendo desolador. En pleno auge de los rebrotes -y la guerra abierta por llamarlo segunda ola o no, por los contratos de los rastreadores o por lo que ocurrirá en las residencias de mayores- la incertidumbre sanitaria se solapa con las consecuencias económicas que ahora empiezan a verse de la primera ola. Despidos, que no ERTE, ya son mucho más comunes que antes, cierres de empresas, ayudas que no llegan, dificultades para cobrar el Ingreso Mínimo Vital… El verano más atípico, repiten muchos medios, dará lugar a un otoño terrible, con unos índices de pobreza más altos que nunca, con la necesidad de más recursos asistenciales y con el Estado de Bienestar muy agotado. No solo económicamente.
Así lo aprecian los garantes del sostenimiento de la vida en primer término, como lo son los sanitarios, que han visto cómo sus plantillas no han sido reforzadas, como las infraestructuras que improvisaron en plena pandemia se han quedado igual y como no han aumentado significativamente el número de camas en UCI, de reservas médicas o de EPIs. Lo mismo sucede con los servicios de dependencia, que siguen temblando cada vez que se detecta un nuevo positivo en una residencia, que no ha recompensado ni económicamente ni con derechos a las trabajadoras que posibilitan estos servicios y que no dejan de revivir el infierno que ha supuesto los, al menos, 20.000 ancianos fallecidos por la covid-19 mientras sigue el debate-parche de la medicalización de estos centros residenciales. Pero hay una tercera capa, más difícil de ver, que, sin embargo, ha estado ahí proporcionando nada menos que alojamiento, alimento, orientación y, sobre todo, acompañamiento.
Entre otros profesionales de lo social destacan los trabajadores sociales. Más allá de la imagen que tenemos todos de un gestor de ayudas, las trabajadoras sociales (en femenino, ya que suponen más del 80% de los estudiantes del grado, aunque en sus inicio este porcentaje de mujeres profesionales rondaba el 96% en los primeros años de la diplomatura) son mucho más. "La falta de conocimiento de la labor de los trabajadores sociales, y también la burocratización y el volumen de casos e intervenciones del día a día sobre todo en ciertos servicios públicos, ha hecho que la labor profesional se reduzca a la burocracia y a la gestión de recursos o prestaciones", explica Ana Domínguez, socióloga y trabajadora social-, que lamenta que "se han diluido las funciones propias y el valor de la intervención de los y las trabajadoras sociales. El trabajo social, se ha dejado de intervenir, de hacer partícipe a la comunidad, de hacer frente a todas o incluso las verdaderas necesidades del usuario o la familia, de acompañar y generar cambio en el bienestar de una familia".
Cuarentena sin hogar, cuarentena con adicciones
El Código Deontológico define el trabajo social como "una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas". Algo que no quita para que, en situaciones de emergencias, actúe de forma contundente y con una ventaja: ya conocen las circunstancias sociales en las que se desarrolla. Es el caso de las unidades de actuación con las personas sin hogar. "Pasamos de equipo de calle a un equipo de emergencia social, puro y duro", comenta Ramón Mendoza Marcos, trabajador social y presidente de In-Situ Social Castilla-La Mancha. Mendoza recuerda los primeros días de la epidemia como un estado de shock. "Hubo centros de atención a personas sin hogar que se mantuvieron abiertos, otros, por los motivos que fueran como por falta de personal o de apoyos, cerraron". Poco después llegó la orden del Gobierno central de garantizar el alojamiento ante todo y entonces empezaron a poder coordinarse. Ante eso, las entidades del Tercer Sector como la de este trabajador social fueron un apoyo fundamental para los ayuntamientos, que no sabían cómo actuar.
Los 'equipos de calle' como el de In-situ se encargan de visitar y preocuparse por las personas que viven en la calle y, por tanto, de una u otra manera están fuera del ‘radar’ de los servicios sociales. "Si las personas no están empadronadas o en un recurso de alojamiento en el municipio, no reciben atención de los profesionales de la intervención social, por eso intentamos cubrir esa parte de la población", explica. Como la libre circulación estaba limitada por el Estado de Alarma, pasaron de buscarles por las calles a coordinarse con los ayuntamientos, la policía y la Guardia Civil con un teléfono de 24 horas para, una vez detectada la persona, ir a recogerla y ofrecerle una alternativa habitacional para pasar la cuarentena. "En equipos como el mío estamos muy acostumbrados a estar abandonados, como a las personas que atendemos, pero creemos que deberían habernos tenido en cuenta también en lo sanitario", reclama y pide que de cara a una segunda ola sea la Administración local la que lidere la respuesta. "Lo último -concluye- sería cambiar el modelo, hablar de vivienda y no de albergues, pero como no es una realidad a corto plazo debemos dar una respuesta fuerte desde los servicios sociales públicos".
Además de las personas sin hogar, los problemas relacionados con adicciones fueron uno de los más acuciantes, ante la imposibilidad de conseguir drogas y las consecuencias personales y sociales de la abstinencia. Belén Sánchez, del Centro de Intervención de Baja Exigencia de Castellón, explica que las Unidades de Conductas Adictivas rechazaban nuevos pacientes con el Estado de Alarma. "Esto supuso, en mi opinión, una desatención de esta patología, que no se daba en otras especialidades", comenta y destaca que este colectivo no tuvo por parte de las autoridades la atención necesaria: "La realidad nos devuelve que se impusieron un gran número de multas por estar en la calle a personas que tienen allí su espacio de residencia, multas por deambular cuando acudían a los centros a por comida o a recibir apoyo o cuando intentaban buscar ingresos, ya que no se podían realizar actividades económicas marginales tipo mendicidad, recogida de chatarra, arte callejero, etc". Lo mismo ocurrió con las personas con problemas de salud mental incapaces de seguir las indicaciones de la cuarentena y que se vieron privadas en muchos casos de su rutina terapeuta o de las alternativas habitacionales que en muchos casos exigían no consumir para acceder a ellas.
"Fuimos de los pocos centros que mantuvieron la atención directa abierta a personas que no residían en el centro. En atención especializada a adicciones el único centro abierto con todos sus servicios (aunque con medidas de seguridad y modificaciones) en la ciudad", lamenta Sánchez, que tiene muy claro que ante una posible segunda ola debería tenerse en cuenta las necesidades de estas personas con adicción en los protocolos, sensibilizar a los cuerpos de seguridad sobre esta realidad y ofrecer alternativas viables para el confinamiento.
Emergencias, duelo y trabajo social sanitario
Uno de los papeles menos visibilizados del trabajo social ha sido el papel de estos profesionales en los entornos sanitarios. "Nuestra tarea consiste en facilitar información y orientación acerca de recursos sociales, tanto públicos como privados; prestaciones técnicas económicas y materiales del sistema público de servicios sociales; recursos sociales privados que garanticen calidad de vida e intervención más complejas de acompañamiento en duelo, mediación familiar, etc. En definitiva, defendemos los derechos y la dignidad de la persona enferma. Y realizamos una gran labor de coordinación intra y extrahospitalaria". Así lo explica Concha Vicente, jefa del servicio de trabajo social del Hospital Gregorio Marañón en Madrid que cuenta con 33 profesionales y que en plena pandemia intervino ella y su equipo de forma activa en el hotel medicalizado Ayre Colón. Tanto allí como en los hospitales se vivieron situaciones que estas profesionales no habían visto nunca. "Familias que desconocían si su familiar estaba ingresado o si había fallecido, esas otras situaciones en las que no era posible llorar la pérdida ni acompañar a su familiar muerto; o esas otras en donde la pregunta era dónde dejar a mis hijos si tengo que ingresar", comenta Vicente, que también tuvo que ayudar a buscar recursos para hacer la cuarentena a quién no podía en su vivienda, o carecía de ella o paliar la incertidumbre ante la pérdida de trabajo o la ausencia de ingresos al quedar ingresados por covid-19.
Una "escucha activa para aliviar el dolor y el sufrimiento" -como decía Vicente- ha sido también parte de la labor que han realizado muchos profesionales en esta pandemia por la ausencia de duelo. "Los rituales a los que estamos acostumbrados para las despedidas no han podido llevarse a cabo, con lo cual el vacío que generaba el ser querido quedaba expuesto a sensaciones y sentimientos difíciles de abordar. El apoyo psicosocial es de gran ayuda para estas personas que han sufrido esta vivencia, ya que es el único modo de poder expresar, compartir y afrontar la experiencia. En este campo queda mucho por hacer y, precisamente, yo trabajo para integrar el apoyo al duelo desde el trabajo social", explica Eugenia Varea, del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) de Murcia. Esta trabajadora social especializada en situaciones de emergencia social define su trabajo como aquel que se desarrolla en "aquellas situaciones imprevistas que afectan a la integridad, bienestar, salud, equilibrio familiar, etc., de una persona y que debido a un suceso determinado producen una disminución o desequilibrio de alguno de estos factores". Sin duda, la pandemia por la covid fue así y, pese a su preparación, Varea asegura que "ha sido como una maratón laboral dando todo y protegiéndonos a la vez".
Sobre la seguridad de los trabajadores sociales, una encuesta desvela que no han tenido medidas reales de protección pese a haber estado en ‘primera línea’, con contacto con usuarios ya sea en centros residenciales, sanitario o de emergencias. El 60% de los profesionales consultados por el Consejo General del Trabajo Social aseguraron que no se les ha protegido adecuadamente en términos sanitarios para desarrollar la atención directa que precisa su trabajo y casi el 40% no recibió los recursos necesarios para poder teletrabajar. En lo que coinciden la mayoría de las personas preguntadas es que el trabajo social debería haber tenido una mayor presencia, tanto en los recursos como en los protocolos que se activaron.
La educación, ¿y ahora qué?
Junto con las residencias de ancianos -donde también hay trabajadoras y trabajadores sociales-, los centros educativos son los que con más contundencias sufrieron el cierre de las actividades y todo lo que esto supone de cara al futuro. La educación fue la primera en sufrir las medidas restrictivas por la covid-19 y de la que poco se sabe sobre cuándo, cómo continuará,ni qué consecuencias tendrá este parón para los menores. Aquí también está presente el trabajo social. "Nuestra labor es servir de puente entre las familias y los centros escolares y entre los recursos externos a lo educativo, como sanitarios, ONGs o servicios sociales y los centros educativos para apoyar la labor compensatoria de las desigualdades sociales que tiene la escuela pública e intentar hacer real la igualdad de oportunidades universal", detalla Elena Sanz Melcón, del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica que cubre centros infantiles y de primaria en Alcorcón, Villaviciosa y Brunete, en la Comunidad de Madrid. En estas unidades detectan situaciones de vulnerabilidad social, la mejora de la convivencia, luchan contra el absentismo o el abandono escolar, entre otros muchos objetivos.
"Durante el confinamiento, y desde el teletrabajo, nuestra labor se ha revelado como fundamental para paliar los efectos de la misma. Hemos colaborado con los centros en la localización de familias que debido a la brecha digital estaban desconectadas de los centros educativos, hemos buscado y gestionado recursos económicos, alimenticios y tecnológicos", indica. También el acompañamiento emocional ha sido uno de los pilares de su trabajo, ya que muchos de sus alumnos han perdido familiares, se han descolgado del ritmo educativo o se han visto en desventaja al carecer de medios tecnológicos para seguir las clases. Todo este trabajo realizado vía mail y teléfono, e incluso contando solo con los recursos personales de estas profesionales. "No va a ser fácil para nadie pero menos para el alumnado objeto de nuestra labor para el que, en muchas ocasiones, el único entorno normalizado es la escuela", sospecha con resignación esta trabajadora social.
"Somos conscientes de que para el curso que viene estas necesidades van a aumentar y sin embargo en la comunidad de Madrid en la que trabajo, ya se han reducido numerosas plazas de nuestro perfil para el curso 2020-2021", denuncia Sanz. "Esta infravaloración -retoma Ana Domínguez- que tiene la sociedad del trabajo social como meros gestores de prestaciones también va unido al maltrato que han sufrido los servicios sociales en las últimas décadas, el cuarto pilar del Estado de Bienestar que está agrietado por los continuos recortes, la privatización y el abandono por parte de las autoridades públicas". Un reclamo que se hace desde los colegios profesionales y que configuran una defensa frontal de los Derechos Sociales plasmados en un documento que presentaron ante la Mesa de Reconstrucción llamado 'Vacunas sociales'.