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20 de Junio de 2014
Las personas refugiadas que llegan a España afrontan una preocupante inseguridad jurídica
Madrid.- La federación de ONG españolas en defensa de la población inmigrante y refugiada lamenta la actitud del Gobierno español con respecto a las personas que siguen necesitando la protección internacional como única vía para dejar de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como demuestran los bajos datos de concesión de asilo que se repiten año tras año o la falta de diligencia a la hora de legislar al respecto y siguiendo lo ya establecido en la ley.
Desde la aprobación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la misma todavía no ha sido desarrollada por un reglamento, tal y como exigía el propio texto de la ley. Este hecho supone que en la actualidad ella conviva con el reglamento de 1995, el único hasta la fecha que regula en España el procedimiento de asilo y todo lo relativo a la asistencia a las personas que tienen reconocida dicha condición o que están a la espera de que se resuelva sobre su solicitud cuando ésta haya sido admitida a trámite.
“Es un absoluto sinsentido que no hace más que provocar inseguridad jurídica a las personas solicitantes de asilo”, ha asegurado Inés Díez, abogada y responsable del área jurídica de Red Acoge. Muchas de esas personas están llegando a la frontera sur de España sin encontrar allí un mecanismo efectivo que atienda su legítimo derecho a solicitar asilo. “El desinterés del Gobierno se contrapone con su esfuerzo por fortificar cada vez más las vallas de Ceuta y Melilla. Nos están queriendo transmitir la idea de que si el problema queda al otro lado es como si no existiera”, ha añadido.
Por todo ello y con motivo del Día Mundial del Refugiado, Red Acoge pide que la aprobación del reglamento no se demore por más tiempo, máxime en un momento donde la llegada de personas necesitadas de protección que huyen de conflictos como los abiertos en Siria, República Centroafricana o Sudán del Sur hace necesario que desde el Gobierno se de una respuesta adecuada a sus necesidades tanto desde el punto de vista del procedimiento de asilo como en materia de asistencia social.