Consejo Autonómico del Trabajo Social de Castilla y León

Denuncian los cambios y recortes que la normativa ha sufrido desde su aprobación en 2006 y su repercusión en los ciudadanos.

23 de Marzo de 2018

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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales resumen en veinte puntos la situación actual del SAAD tras once años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia:

1. A fecha 31 de diciembre de 2017 había en España 1.264.951 personas en situación de dependencia reconocida y otras 120.213 que estaban pendientes de valoración. Esto significa que el 3,01 % de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres. El 72,24% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,57%.

3. Durante 2017, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (nº atendidos, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han mejorado. Parece que el SAAD se reactiva, pero no es del todo así. Se reactiva en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I.

4. En este momento el 24,51 % de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 310.120 personas y a sus familias. Además hay 120.000 personas pendientes de valoración.

5. El 38,81% de las personas desatendidas (120.378), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

6. Durante 2017 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 38.000 personas. Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

7. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 4.600 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

8. La disminución de la financiación a las Comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas.

9. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi 1.173 millones de euros dirigidos a ayudas directas que estas han dejado de percibir.

10. Los recortes supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema en el intervalo junio 2012- junio 2015 (fase de demolición del SAAD). Desde junio de 2015 el sistema progresa aunque muy lentamente.

11. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2017 asciende a 7.597 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 6.041 millones. El resto (1.556 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supone un 20,5%.

12. Los costes de oportunidad por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2017 se cifran en una pérdida acumulada de 1.071 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 100.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados.

13. Existe un “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vinculada al servicio. Se requiere de regulación de mercado en los servicios de cuidados, de normas que aseguren el acceso a los servicios mediante libre elección por parte del usuario y de inspección y control públicos adecuados. Es preciso mantener ciertas cautelas y control con este tipo de prestación.

14. Del gasto público directo en dependencia en 2017, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.

15. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.

16. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.

17. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.

18. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36, y la tasa de retorno es del 39,66%.

19. Si se atendiera ya a las 310.120 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 75.000 empleos directos que añadir a los 220.000 actuales ligados al SAAD, acercándonos de este modo a la cifra de los 300.000 empleos pronosticada en la Libro Blanco de la Dependencia.

20. Finalmente, compartimos en esencia las conclusiones de la Comisión de Análisis de la Dependencia creada por la Conferencia de Presidentes. Reclamamos en todo caso que sean tenidas en cuenta próximamente en la elaboración de los nuevos PGE 2018 o en el futuro respecto a la negociación del Sistema de Financiación Autonómica.

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