Consejo Autonómico del Trabajo Social de Castilla y León

El nuevo gobierno debe aprobar por urgencia social un Decreto que aumente la financiación de la dependencia o asumir la ignominia de que en este año fallezcan más de 30.000 personas en situación de de

3 de Marzo de 2020

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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publica el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Los principales resultados de dicho estudio son:

SE CONFIRMA EN 2019 LA RALENTIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Dos años con PGE prorrogados, y el incumplimiento del Gobierno de España de incorporar 459 millones más de financiación en el Nivel Mínimo, están teniendo como consecuencia una ralentización del Sistema, que se evidencia en los siguientes datos:

POR PRIMERA VEZ DESDE 2016, AUMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS EN ESPERA DE ATENCIÓN

El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera, que ya alcanza a 266.000 personas, el 19,2% de las personas con derecho. A ellos hay que añadir 160.000 expedientes -personas- que están pendientes de valoración, 30.000 más que hace un año. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 426.000 personas (50.000 más que a final de 2018).

El 42% de las personas desatendidas (113.275, 15.000 más que el año anterior), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

SE RALENTIZA EL INCREMENTO DE BENEFICIARIOS

El incremento de personas atendidas fue un 39% menos que el año anterior (99.444 beneficiarios más en 2018 y 60.904 en 2019. El plazo de tramitación es de 426 días de media (con grandes variaciones territoriales). Al ritmo de incorporaciones de beneficiarios de 2019 se tardarían casi cinco años para lograr la plena atención.

Dos comunidades terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó: Asturias -966, y Extremadura -952.

LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS SON CADA VEZ DE MENOR INTENSIDAD, Y A TODAS LUCES INSUFICIENTES PARA LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

2019 registró un incremento de 60.000 servicios y prestaciones (sin contabilizar teleasistencia y prevención), 38.000 menos que el año anterior.

Más de la mitad de las nuevas prestaciones o servicios en 2019 corresponden a prestaciones económicas para cuidados familiares, y a servicios como teleasistencia y de prevención (55,5% del total). Servicios de bajo coste, insuficientes para las personas en situaciones de dependencia, especialmente de grado II y III.

Así la cuantía media de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar es de 247 € mensuales (140 € para el grado I, 245 € para el II y 340 € para el III).

La Ayuda a Domicilio, esencial para la permanencia en el hogar, tiene una intensidad media de 17 horas mensuales para el Grado I, 35 horas para el II y 54 horas para el III. Un número de horas totalmente insuficientes.

Los servicios de mayor intensidad y coste (residencias, centros de día y asistente personal), para personas de grado II y III, sólo suponen, en conjunto, el 7,7% de las nuevas prestaciones o servicios en 2019.

URGE APROBAR UN DECRETO QUE APORTE 500 MILLONES ADICIONALES A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA

No hubo PGE en 2019, no hubo "viernes sociales" para la dependencia, y ahora parece que tampoco se prevee nada hasta los todavía inciertos PGE 2020. Esta situación el deterioro del Sistema se puede agudizar si no se aprueba con carácter de urgencia los 500 millones que se frustraron en los PGE de 2019. No hay tiempo para esperar a la aprobación de los PGE 2020, ya que con ello no estarían disponibles hasta el último cuatrimestre, lo que impediría su ejecución efectiva en este ejercicio, dejando sin atender a 450.000 personas, y condenando a más de 30.000 de ellas a fallecer sin recibir la atención a la que tienen derecho reconocido, mientras que al final del año quedaría presupuesto sin ejecutar. El nuevo gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012.

459 millones de euros permitirían atender a 70.000 personas más, y generaría 16.000 empleos directos.

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