Consejo Autonómico del Trabajo Social de Castilla y León

Desde el Trabajo Social tenemos la obligación de alzar la voz y oponernos firmemente a todas las políticas que signifiquen involución y retroceso.

21 de Marzo de 2022

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El pasado 13 de febrero los castellanos y leoneses votamos involución. Tras más de 35 años de gobierno del centro-derecha del Partido Popular (en la última legislatura apoyado por Ciudadanos), la formación de extrema derecha, Vox, lograba un resultado histórico obteniendo 13 procuradores (tercera fuerza del parlamento regional) y la posibilidad real de acceder y formar parte, por primera vez, de un gobierno dentro del Estado español. Esta involución se confirmó con el acuerdo de gobierno rubricado entre el Partido Popular y la formación xenófoba.

Repasando el conjunto de medidas pactadas entre ambas formaciones, vemos como el Partido Popular ha interiorizado el marco ideológico del ruido que vocea diariamente la extrema derecha española (y europea) y lo hace adoptando varios conceptos que nos deben poner en alerta por lo que significan y las implicaciones que tienen en los avances sociales conquistados en las últimas décadas.

El acuerdo PP-Vox habla de “violencia intrafamiliar” desplazando el concepto de violencia de género, diluyéndolo entre otros tipos de violencia e invisibilizando sus causas (relacionadas con la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y las relaciones de poder-sumisión entre ambos).

El uso de esta expresión por parte de la extrema derecha no es casual ni inocente y su objetivo es restar relevancia a la violencia machista y deslegitimar el discurso feminista. Además, su uso contraviene el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, que obliga a nuestro país a ampliar el concepto de violencia de género y lo hace, precisamente, en un contexto en el que el terrorismo machista sigue cobrándose víctimas, las denuncias siguen aumentando y asistimos con preocupación a cómo los jóvenes se incorporan a prácticas machistas de control, violencia verbal, física, abusos, etc.

En segundo lugar encontramos la referencia a la “inmigración ordenada” propio del ideario de esa extrema derecha europea de la que se nutre Vox, y que no se define directamente como racista pero si aboga por la idea de que cada raza debe vivir en su lugar de origen de una forma “ordenada”. Esta idea venimos observándola desde hace varios años en los discursos de la derecha más radical (también de ciertos sectores del PP) que criminalizan la inmigración, atacan a los menores extranjeros no acompañados, intoxican a la ciudadanía con bulos y fake news, defienden el apoyo a unos refugiados y criminalizan a otros (en función de su procedencia y color de piel), apuestan por expulsión de inmigrantes “ilegales”, etc. Solo hace falta observar en qué términos se refería hace unos días el líder de Vox a los jóvenes que acceden a nuestro país a través de Ceuta y Melilla hablando de “invasiones de jóvenes varones en edad militar de origen musulmán” alentando el miedo y el odio hacia el extranjero.

Por último encontramos en el acuerdo referencia a las políticas de “apoyo a la natalidad” que bajo una denominación aparentemente positiva o buenista esconden el ideario de organizaciones ultranacionalistas y fundamentalistas que tratan de monopolizar el discurso sobre la familia, la natalidad, el despoblamiento de las zonas rurales, etc. y apuestan por el fomento de la natalidad como medio para compensar las consecuencias de la entrada de inmigrantes a nivel cultural, identitario, etc.

Es importante el apoyo de la natalidad, pero es mucho más necesario el desarrollo de políticas públicas fuertes que apoyen las aspiraciones reproductivas de las familias. Tal y como recoge FEDEA (¿Cómo mejorar la natalidad en España?, 2021) son necesarias políticas sociales que ayuden a la emancipación residencial y económica de los jóvenes, políticas de igualdad de género que favorezcan la corresponsabilidad y distribución equitativa de cuidados, políticas de  conciliación familiar, etc., por no hablar del fortalecimiento y defensa de unos servicios públicos de educación y sanidad, que en el contexto de nuestra comunidad autónoma han sido maltratados, especialmente en las zonas rurales.

Ante este marco ideológico que se nos trata de imponer basado en el ruido  y el odio, desde el Trabajo Social tenemos la obligación de alzar la voz y oponernos firmemente a todas las políticas que signifiquen involución y retroceso en los avances conquistados en materia de igualdad y defensa de los Derechos Humanos.

Frente a su ruido, nuestro compromiso por la igualdad y dignidad de las personas.

 

Hugo Vicente Cepa

 

* El Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y Zamora no se hace responsable de las opiniones expresadas en este foro.

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